En una sesión realizada ayer, el asesor jurídico y la secretaria de la Cormupa detallaron las medidas de mitigación y devolución de fondos por asignaciones improcedentes. La jornada estuvo marcada por una dura ofensiva política de la administración y los concejales contra el estándar fiscalizador del Estado, debate que fue sepultado al cierre por el Director de Control, quien advirtió que no cursará ningún pago que no cumpla las exigencias de Contraloría.
Pasadas las 11:15 horas de este lunes 1 de junio de 2026, el Concejo Municipal de Panguipulli dio inicio a su 21ª Sesión Extraordinaria. La instancia, citada formalmente por un bloque de concejales, tuvo como único punto de tabla el análisis, comprensión y alcance del Informe Final N° 159 de la Contraloría General de la República, el cual ratificó una serie de desajustes y faltas de fundamentación en el uso de recursos públicos durante el periodo 2025.
El debate abrió con la intervención del concejal Cristian Godoy, quien recordó que las anomalías hoy confirmadas por el ente estatal ya habían sido advertidas previamente por el cuerpo de concejales. Ante esto, la máxima autoridad comunal intentó matizar el escenario frente a la opinión pública, insistiendo en que el texto habla técnicamente de «presuntas irregularidades» debido a que el municipio cuenta con un plazo de 60 días para subsanar y corregir los reparos.
El desglose de la Corporación de Salud: Asignaciones e «incomodidad» funcionaria
Para abordar la arista que afecta directamente a la Corporación Municipal (Cormupa), la sesión contó con la comparecencia de la Secretaria General, Norca Lillo, y el Asesor Jurídico de la entidad, Pablo Matus. El abogado habló detalladamente sobre los tres focos cuestionados por el órgano fiscalizador:
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Improcedencia de Asignaciones: Contraloría determinó de forma restrictiva que la Asignación Municipal Fijo, la de Desempeño en Condiciones Difíciles y la de Responsabilidad Directiva solo corresponden a personal que trabaja físicamente en Cesfam o postas. Al pasar a labores administrativas centrales en la Corporación, dichos pagos se vuelven improcedentes. Matus confirmó que ya se ordenó la suspensión inmediata de estos pagos y el recálculo de los montos para que los funcionarios devuelvan el dinero de sus bolsillos.
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Falta de Fundamento en el Artículo 45: Se constató que el pago de más de 340 millones de pesos del año pasado no quedó debidamente justificado en las actas del concejo en cuanto a las necesidades del servicio y disponibilidad presupuestaria, otorgándose 60 días para subsanarlo en una nueva sesión.
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Uso del Per Cápita: Contraloría prohibió financiar al personal administrativo central bajo el Código del Trabajo con fondos Per Cápita. La Corporación anunció un «enroque» financiero para pagar estos sueldos con aportes municipales generales y liberar el Per Cápita hacia los ítems correspondientes.
Asimismo, las autoridades de salud salieron a desmentir rumores de prensa respecto a demandas por deudas previsionales vigentes con las AFP, catalogándolas como «deudas presuntas» de arrastre administrativo que se han logrado rebajar de 900 a 300 casos, sin notificaciones judiciales reales en curso.
La rebelión política: «Una oda a la burocracia»
El ambiente técnico se quebró radicalmente cuando se abordaron las exigencias de Contraloría respecto al control del personal a honorarios del municipio, donde el organismo exige ahora contratos específicos, bitácoras diarias y medios verificadores estrictos (como fotografías o correos) para liberar los pagos.
Fue en este punto donde el Director de Administración y Finanzas (DAF), Miguel Ángel Chaparro, tomó la palabra para lanzar una dura y enérgica crítica a la institucionalidad fiscalizadora. Chaparro fustigó el nuevo criterio del organismo calificándolo como «una verdadera oda a la burocracia» y un «regocijo para aquellos que viven pendientes de los procedimientos». El directivo catalogó de «ridículo» el nivel de exigencia, afirmando que atenta contra la autonomía municipal y expresando sentir «rabia y pica con esto» al verse obligados a gastar «10 resmas de papel más que antes» para demostrarle a un tercero labores que ya estaban certificadas bajo la buena fe de las jefaturas directas.
Esta dura postura fue respaldada de inmediato por un bloque transversal de concejales:
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Mario Aburto avaló completamente los dichos del DAF, señalando que «don Miguel tiene toda la razón» y criticando que el municipio pierda el tiempo en «estas pequeñas cosas» y en «tanta burocracia» en lugar de avanzar en el trabajo directo en terreno.
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Carlos Durán se sumó a los cuestionamientos indicando que «la Contraloría es un ente que observa, investiga, sugiere pero no resuelve, así de simple». Además, Durán criticó el impacto de los titulares de prensa que generan sensación de desfalco en la comunidad y manifestó su preocupación por el hecho de que funcionarios que actuaron de buena fe tengan que devolver altas sumas de dinero de sus propios sueldos.
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Ariel Vega cerró la línea de apoyo político manifestando que la Contraloría crea una «burocracia excesiva» que vulnera la esencia de los contratos a honorarios al exigir subordinación, alertando que esto expone peligrosamente el patrimonio municipal.
Dirección de Control impone el imperio de la ley
Pese al airado bloque de reclamos políticos emanados desde la mesa directiva y las concejalías, la sesión extraordinaria concluyó con un balde de agua fría de carácter legal y técnico.
En los últimos minutos de la transmisión, el Director de Control del Municipio, Manuel Huenchuleo, tomó la palabra para fijar de manera categórica la postura que regirá el destino de los fondos municipales de aquí en adelante. En un tono tajante que sepultó la discusión, el contralor interno advirtió a todos los directores y al personal municipal que la Dirección de Control no va a cursar ni autorizar ningún pago más si este no viene debidamente respaldado por los informes detallados y los medios verificadores que la Contraloría General de la República exige.
Con esta declaración, el cierre del concejo extraordinario dejó en evidencia una fractura total: mientras algunas autoridades comunales acusan un retroceso burocrático y defienden la «buena fe» de sus procesos, el muro técnico de Control interno dejó claro que en Panguipulli las órdenes del Estado no se discuten y se acatan de manera obligatoria.
