Tras una investigación especial impulsada el mes de Mayo del año 2025 por dos presentaciones del concejal Cristian Godoy, la Contraloría Regional de los Ríos reveló graves falencias en el control de pagos y la asignación de recursos públicos que involucran a la actual administración en la comuna. El informe fiscalizador expone desembolsos no acreditados y pagos indebidos de asignaciones que superan los 520 millones de pesos entre ambas instituciones.
Pagos a honorarios sin respaldo y juicio de cuentas
El organismo de control advirtió que la Municipalidad de Panguipulli realizó 79 pagos a 9 de 10 prestadores de servicios a honorarios por un total de $116.696.952, los cuales no cuentan con documentación que acredite la prestación efectiva de los servicios. Los informes presentados fueron calificados como «genéricos», sin detalle de las labores realizadas.
Ante esto, la Contraloría determinó:
- Formular un reparo por los $116.696.952 para perseguir la restitución de los fondos.
- Ordenar un procedimiento disciplinario inmediato para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados.
- Se detectaron casos de funcionarios que desempeñan labores en paralelo bajo régimen de contrata y honorarios, percibiendo en esta última modalidad ingresos superiores a su remuneración fija.
Irregularidades en la CORMUPA: Bonos y asignaciones cuestionadas
La investigación en la Corporación Municipal (CORMUPA) arrojó múltiples pagos fuera de norma legal:
- Asignación de Desempeño Difícil: Se pagaron $20.511.792 a 8 funcionarios que trabajan en la administración central y no en recintos de salud calificados para este beneficio.
- Asignación Municipal Fijo: Otros 3 funcionarios percibieron $15.097.260 sin contar con autorización formal del directorio.
- Responsabilidad Directiva: Se objetaron pagos por $50.058.839 a 8 trabajadores por carecer de respaldos legales y formales.
Falta de transparencia en asignaciones especiales transitorias
Uno de los puntos más críticos involucra el polémico artículo 45, las asignaciones denominadas «Municipal» y «Vivienda», que totalizan $341.762.043. La Contraloría constató que no existe un acto administrativo que especifique la identidad de los beneficiarios ni la fundamentación técnica de la «necesidad del servicio» para estos pagos.
El ente fiscalizador otorgó un plazo máximo de 60 días hábiles para que el municipio y la corporación acrediten el cumplimiento de la normativa o restituyan la totalidad de los montos objetados. Si los antecedentes no son proporcionados en dicho periodo, se procederá al requerimiento de reintegro formal por parte de la Contraloría.
