Por la Dra. Miriam Pardo Fariña, Académica de Psicología U. Andrés Bello, sede Viña del Mar
La lamentable noticia sobre la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, producto de una encerrona, nos enfrenta a la crueldad de la delincuencia juvenil que no escatima en las consecuencias de sus actos planificados. Este tipo de delitos irrumpe en la vida cotidiana destruyendo vidas y la posibilidad de vivir en entornos seguros.
Desde el punto de vista psicológico y social, este hecho conmociona a la ciudadanía al vulnerar el derecho a la vida y, en este caso, a la infancia, porque los agresores son menores de edad ya vulnerados, al vivenciar con absoluta normalidad los delitos planificados que realizan; en este caso, la víctima que resulta fallecida también se trata de un menor de edad. Frente a estos acontecimientos vivenciamos rabia, impotencia, miedo e indefensión, porque la violencia ha cruzado el límite de lo tolerable.
Lo sucedido nos lleva a una reflexión profunda acerca de los presuntos agresores que serían menores de edad y que continuarán participando de estos hechos si no son capturados. Lo anterior implica falencias graves en el tejido social y en fallas acumuladas en las familias, en las escuelas, en las comunidades, en las instituciones. Un menor que integra una banda delictual tiene una trayectoria de vida en la que ha vivenciado abandono, exclusiones, aprendizajes de violencia consistentes y sistemáticos, incluyendo, ausencia de límites y la pertenencia a un grupo que ofrece esta terrible opción en la medida en que tal pertenencia se valide propinando daño.
La sociedad debe proteger a sus víctimas, insistir en la justicia, repensar la ley de responsabilidad adolescente, tener presente las políticas tempranas de prevención, entre otros puntos. Cabe destacar que la seguridad no se resuelve sólo después del delito, se construye antes, interviniendo oportunamente en las infancias y adolescentes en riesgo. ¿Qué país estamos construyendo?
