Las indagaciones de la institución corroboraron que la conductora —desvinculada con efectos inmediatos por conducta mala— utilizó el radiopatrulla en Máfil para adquirir licor, bebida y hielo, además de otro artículo particular, operando además el vehículo de emergencia sin la licencia obligatoria.
Tras la masiva repercusión del registro audiovisual expuesto en redes sociales y amplificado por Somos Noticias, el Mando de la institución habría decretado la máxima sanción disciplinaria para la conductora involucrada. Las indagaciones periodísticas revelaron que se trataba de una funcionaria de civil que operaba el móvil sin la licencia habilitante y para fines estrictamente particulares.
Por Equipo de Investigación de Somos Noticias
Un severo vuelco institucional se registró en las últimas horas en la Región de Los Ríos tras la denuncia ciudadana difundida inicialmente en redes sociales y visibilizada con fuerza a través de las plataformas de Somos Noticias. El registro, que mostraba a una persona de civil utilizando un vehículo policial en horario nocturno, escaló rápidamente hasta transformarse en una crisis de probidad administrativa que motivó la intervención inmediata de la Jefatura provincial.
Hoy, según datos investigativos exclusivos a los que ha tenido acceso la redacción de Somos Noticias, estamos en condiciones de revelar que la Prefectura de Valdivia aplicó la máxima sanción disciplinaria, decretando la Baja por Conducta Mala con efectos inmediatos para la funcionaria involucrada en los hechos.
La cronología de los hechos en terreno
De acuerdo con los antecedentes técnicos recabados de forma independiente por este medio, los hechos se originaron la noche de un reciente viernes, alrededor de las 20:30 horas. El vehículo fiscalizado corresponde a una patrulla de dotación de la Tenencia de Carreteras Valdivia Norte, la cual fue fijada estacionada en el sector central de la comuna de Máfil, específicamente en la intersección de las calles San Martín con Arturo Prat, frente a un conocido minimarket del sector.
Los datos investigativos confirman que el Comisario de la repartición se constituyó de urgencia en el cuartel respectivo tras la masiva viralización del video. En el lugar, procedió a interrogar a una funcionaria con el grado de Cabo 2º.
En su declaración inicial, la funcionaria argumentó razones domésticas para justificar el uso del vehículo de emergencia. Sostuvo que, al encontrarse saliente de su turno y tener que reasumir funciones temprano al día siguiente, decidió permanecer en el cuartel y no viajar hasta Lanco. Al no contar con movilización propia ni transporte particular, le solicitó el vehículo fiscal al Suboficial de Guardia de turno con el fin de trasladarse al comercio local a comprar cena y artículos de aseo personal, requerimiento al cual el encargado accedió.
La fiscalización que derribó la versión inicial
La línea investigativa interna dio un vuelco clave cuando el personal de fiscalización se trasladó personalmente al minimarket para tomar declaración al gerente del establecimiento.
El comerciante confirmó que la funcionaria ingresó vestida de civil a realizar las compras, pero el detalle de las especies adquiridas distaba de lo reportado originalmente al mando policial. Según el inventario real de la compra detallado en las indagaciones, la funcionaria adquirió:
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Una bebida de fantasía.
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Un paquete de útiles de aseo personal.
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Una bolsa de hielo.
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Una botella de licor (pisco de manzana de 750 ml).
Esta última especie de carácter alcohólico fue omitida por la funcionaria al momento de ser consultada por sus superiores, un hecho que para la doctrina institucional constituyó una falta grave a la veracidad y a la probidad. Aunque registros posteriores de Asuntos Internos no hallaron alcohol al interior del cuartel, la inconsistencia en el relato ya estaba consumada.
Conducción sin la licencia habilitante
La gravedad de la falta no se limitó al uso del carro para fines domésticos. El cruce de datos de Somos Noticias constató un hecho técnico aún más complejo: la cabo operó el radiopatrulla portando únicamente una licencia Clase B de carácter particular.
Al no contar con la Licencia Clase F (requisito legal exclusivo y obligatorio para la conducción de vehículos fiscales y de emergencia), se configuró una infracción abierta a la Ley de Tránsito. Por este motivo, la institución procedió a ingresar una denuncia formal ante el Juzgado de Policía Local de San José de la Mariquina bajo el cargo de «conducir vehículo motorizado sin la licencia debida».
Sanciones y pérdida de derechos institucionales
Frente al descrédito y menoscabo a la imagen pública institucional gatillado por la difusión del video en SN y redes sociales, el Prefecto de Valdivia aplicó tolerancia cero.
La resolución del mando determinó la desvinculación inmediata de las filas (sujeta de forma condicional al resultado del sumario posterior), despojando a la involucrada de sus remuneraciones, su placa de servicio, su tarjeta de identificación profesional y todo su uniforme fiscal.
Además, al registrar poco más de 6 años de servicio efectivo en la institución, la exfuncionaria pierde de manera absoluta el derecho a recibir cualquier pensión de retiro o indemnización por desahucio, al no cumplir con los años mínimos requeridos por la ley orgánica de la entidad.
Finalmente, las indagaciones conducidas por la Sección de Asuntos Internos mantienen la lupa puesta sobre el Suboficial de Guardia que facilitó las llaves del móvil fiscal. El sumario administrativo en curso determinará en los próximos días el grado de responsabilidad y la sanción correspondiente para este segundo funcionario por haber permitido el uso del dispositivo de seguridad pública para fines particulares.
Por criterios de estricta ética periodística y en cumplimiento de las normativas legales vigentes, Somos Noticias se ha reservado el derecho de mantener bajo estricto anonimato las identidades particulares y los antecedentes de individualización de los funcionarios involucrados en este proceso disciplinario. Como medio de comunicación, entendemos que el valor de esta información periodística reside en transparentar el correcto uso de los recursos públicos y los bienes fiscales destinados al patrullaje y la seguridad regional, y no en la exposición de nombres individuales. Al omitir estos datos, respetamos el principio de presunción de inocencia que ampara el desarrollo del sumario interno, evitando que el caso se transforme en un espacio de escarnio personal y permitiendo que la jefatura institucional determine las responsabilidades definitivas por los canales oficiales correspondientes.
