- Nutricionista y académica de la UNAB, Claudia Rojas, hace un balance crítico de la normativa que convirtió a Chile en referente mundial y advierte que los sellos no bastan para revertir la pandemia de obesidad.
Una década después de que Chile se convirtiera en el primer país del mundo en implementar un sistema de etiquetado frontal de advertencia en alimentos, el balance obliga a mirar dos realidades en paralelo.
Por un lado, una ley que generó cambios concretos en la industria alimentaria y en la visibilidad de la información nutricional. Por el otro, un país donde 7 de cada 10 adultos presenta malnutrición por exceso y donde el último Mapa Nutricional de la JUNAEB, publicado en 2025, revela que 5 de cada 10 estudiantes evaluados tienen sobrepeso u obesidad.
«La normativa tuvo buenas intenciones y logró avances importantes, aunque insuficientes», señala Claudia Rojas, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello. Entre los logros que rescata está la reformulación de productos: todos los grupos de alimentos mostraron cambios en la declaración de nutrientes críticos, siendo el azúcar total el que experimentó la mayor reducción, cercana al 15%, con las bebidas azucaradas y los lácteos liderando esa caída.
«Ya estamos más familiarizados con conceptos como yogur sin azúcar añadida, que no tiene sacarosa pero sí lactosa natural», explica, aunque advierte que esa familiaridad no siempre se traduce en comprensión real, especialmente entre personas diabéticas.
Una victoria con trampas
Cuando las grandes empresas reformularon cientos de productos para evitar los sellos, la reacción inicial fue celebratoria. Rojas, sin embargo, matiza ese entusiasmo. «Es tanto una victoria de la ley como una estrategia de adaptación de la industria», afirma. El problema concreto es que muchas reformulaciones reemplazaron el azúcar por edulcorantes no calóricos, lo que aumentó la exposición de niños y adolescentes a estos aditivos de forma frecuente y prolongada. Según datos recientes, el consumo de edulcorantes no calóricos subió de 37% a 43% en la población, en sentido contrario a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que apunta a reducir gradualmente el gusto por lo dulce.
Existe además un debate científico abierto sobre sus efectos a largo plazo. Rojas señala que algunos estudios sugieren que podrían mantener o reforzar la preferencia por sabores intensamente dulces y relacionarse indirectamente con sobrepeso y alteraciones metabólicas. «Más que eliminar el problema, algunas reformulaciones lo trasladaron hacia nuevos desafíos», concluye la académica.
El entorno que la ley no toca
Uno de los diagnósticos de la nutricionista apunta a los límites estructurales de la norma. El etiquetado actúa sobre la decisión individual, pero no modifica el entorno que empuja hacia el consumo de alimentos poco saludables. «La Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte 2024 muestra que apenas el 26,4% de los niños entre 5 y 17 años alcanza los niveles mínimos de actividad física recomendados por la OMS. En adultos, la cifra sube apenas al 44,9%. A eso se suma que los menores cuentan en promedio con 1,9 dispositivos electrónicos y pasan cerca de 3 horas diarias frente a ellos», subraya.
El contexto económico también opera como un factor invisible que la ley no puede regular. La inflación y el alza de precios tensionan las decisiones alimentarias de las familias chilenas, especialmente en los grupos socioeconómicos más vulnerables. «A mayor nivel socioeconómico, mejores son los hábitos y la cultura alimentaria», señala.
Lo que falta
Frente a la discusión en el Congreso sobre incorporar un nuevo rótulo para identificar los alimentos ultraprocesados, Rojas es directa. «Podría ser una medida útil para entregar más información, pero ya es evidencia que la información sola no es suficiente«, dice. Su diagnóstico apunta a cambios más profundos: educación nutricional continua con nutricionistas en establecimientos educacionales, consejería en atención primaria de salud, impuestos a los ultraprocesados, subsidios estatales a frutas, verduras, pescado y mariscos, y una fiscalización de quioscos escolares que no se diluya con el tiempo.
