A través de una declaración pública, los familiares del joven criticaron la falta de avances de la Fiscalía Local y la PDI, exigieron el cambio del funcionario a cargo del caso y aseguraron que existe participación de terceras personas en el deceso.
Al cumplirse un año de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Diego Medina Calfual, su familia emitió una declaración pública dirigida a la opinión nacional e internacional para denunciar la falta de avances significativos y la actual paralización de la investigación penal destinada a esclarecer las circunstancias de su muerte.
El caso, que se remonta a Mayo de 2025 cuando el joven fue encontrado sin vida en el río Mañío (sector Ñancul) tras permanecer 11 días desaparecido, cuenta con una querella criminal interpuesta el 28 de agosto de 2025 en el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli contra quienes resulten responsables. Dicha acción es liderada por el abogado Rodrigo Pizarro.
Sin embargo, la familia manifestó su profunda preocupación tras una reunión sostenida el pasado 15 de marzo de 2026 entre su abogado y el fiscal de Panguipulli, Marcelo Leal. Según acusan, la revisión de la carpeta investigativa no arrojó antecedentes relevantes, acusando que las indagatorias se encuentran frenadas por la falta de los informes periciales pendientes del Servicio Médico Legal (SML) y del peritaje del río Mañío, este último a cargo de un funcionario de la PDI.
Acusaciones de sesgo e inacción institucional
En el documento, los familiares apuntan directamente a la Fiscalía Local de Panguipulli y a la Brigada Criminalística de la PDI de Valdivia por una presunta falta de interés en el caso, argumentando que a la fecha ni la madre de Diego ni su entorno directo han sido citados a declarar. Asimismo, denunciaron de forma explícita un «evidente sesgo racista y clasista hacia nosotros como familia» por parte de los organismos y del funcionario a cargo, exigiendo la remoción inmediata de este último por «falta de competencia y compromisos».
La familia de Diego enfatizó que poseen la convicción de que en la muerte del joven existió participación de terceras personas. Ante esto, hicieron un llamado público a quienes posean antecedentes confidenciales a romper el silencio: «A quienes saben lo que sucedió, les pedimos no ser cómplices de un asesinato con su silencio y hablar donde corresponda».
Alerta comunitaria
Finalmente, la declaración advierte que la situación de Diego no es un hecho aislado en la comuna, aludiendo también al caso posterior de «Beto» Vásquez, otro joven desaparecido en la zona que aún no ha sido ubicado. A juicio de los firmantes, este escenario demuestra de manera categórica que «las instituciones locales no son capaces de investigar ni de otorgar seguridad y justicia a los habitantes de nuestra comuna» , cerrando su misiva con la promesa de no claudicar hasta que se haga justicia.
