Conoce los primeros detalles del caso Julia Chuñil que formaliza la Fiscalía de Los Ríos

La Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó una investigación penal en contra de Javier Omar Troncoso Chuñil, Jeanette del Carmen Troncoso Chuñil y Pablo Marcelo San Martín Chuñil, hijos de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura, así como también en contra de su exyerno, por su participación en los hechos ocurridos la noche del viernes 8 de noviembre de 2024, al interior y en las inmediaciones del domicilio familiar ubicado en el sector rural de Huichaco, comuna de Máfil.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscal Regional Tatiana Esquivel durante la audiencia, cerca de las 23:00 horas, el imputado Javier Omar Troncoso Chuñil, en estado de ebriedad, llegó al inmueble que compartía con su madre, donde se encontraban además otros integrantes del grupo familiar. En ese contexto, el imputado habría iniciado un episodio de extrema violencia con la finalidad de sustraer dinero en efectivo, utilizando fuerza física e intimidación con un arma cortante, situación que fue advertida por doña Julia Chuñil, quien intervino para impedir el delito, logrando frustrar la sustracción.

Posteriormente, y tras ese primer episodio, la Fiscalía sostuvo que el imputado Javier Omar Troncoso Chuñil, actuando con ánimo homicida y aprovechándose de la situación de indefensión de su madre, la agredió violentamente en el exterior de la vivienda, para finalmente estrangularla, causándole la muerte en el lugar. Durante la ejecución de estos hechos, los otros dos hijos imputados se encontraban presentes, manteniendo —según expuso la Fiscalía— la posibilidad de impedir o procurar impedir la agresión, sin realizar acción alguna, asegurando con ello el resultado fatal.

La investigación también permitió establecer que, una vez causada la muerte de la víctima, dos de los imputados trasladaron el cuerpo hasta un sector del inmueble, donde fue ocultado. Posteriormente, los cuatro imputados habrían actuado de manera concertada para ocultar el cadáver, destruir evidencia, guardar silencio y desviar la acción investigativa, incluyendo la interposición de una denuncia falsa por presunta desgracia dos días después de ocurridos los hechos.

Asimismo, la Fiscalía expuso que, en las semanas posteriores, los imputados comenzaron a disponer del patrimonio de la víctima, vendiendo bienes de su propiedad y repartiéndose el dinero obtenido, conducta que refuerza —según el Ministerio Público— la intencionalidad de asegurar su impunidad.

Los hechos fueron calificados jurídicamente por la Fiscalía como parricidio consumado, robo con violencia e intimidación frustrado, inhumación ilegal, maltrato habitual y encubrimiento, según la participación atribuida a cada imputado, concurriendo además diversas circunstancias agravantes, como la alevosía, la superioridad de fuerzas, la nocturnidad y la comisión del delito en la morada de la víctima.

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