A través de una declaración pública, la entidad explicó que las acciones cuestionadas por gremios de salud corresponden a procesos de ordenamiento jurídico y cumplimiento de normativas dictadas por la Contraloría y la Dirección del Trabajo.
Tras la movilización realizada el pasado viernes por un grupo de aproximadamente veinte funcionarios en las afueras del CESFAM de Panguipulli, la Municipalidad y la Corporación Municipal emitieron un comunicado oficial para esclarecer los puntos de conflicto y desmentir acusaciones de hostigamiento o persecución laboral.
La administración fue enfática en señalar que las medidas adoptadas no son arbitrarias, sino que responden a un «proceso de ordenamiento administrativo» dentro de la Red de Atención Primaria de Salud, los cuales ya habrían sido informados previamente al directorio de la Corporación.
Ejes de la aclaración pública
La respuesta de las autoridades se centró en cuatro puntos críticos que motivaron las protestas de los funcionarios:
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Situación Contractual: La Corporación descartó la existencia de «despidos injustificados», aclarando que no se ha removido a ningún funcionario de planta. Lo que ocurre actualmente es la no renovación de contratos para ciertos trabajadores cuyo vínculo laboral finaliza este 31 de diciembre, decisión tomada en conjunto con las jefaturas de cada centro de salud.
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Horas Extras y «Extensión Horaria»: Respecto a la supuesta disminución de horas extraordinarias, el municipio explicó que se trata de un ajuste jurídico basado en el Dictamen N° 729 de la Dirección del Trabajo (7 de noviembre de 2025). Este documento obliga a eliminar la figura de «extensión horaria» para reemplazarla por el pago de horas extras con recargos del 25% o 50%, según dicta la Ley 19.378.
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Evaluación de Salud (COMPIN): La autoridad aclaró que, por mandato reiterativo de la Contraloría General de la República, se solicitó a la COMPIN evaluar la «recuperabilidad» de aquellos funcionarios que han acumulado más de seis meses de licencia médica en los últimos dos años. Omitir este trámite —indicaron— constituiría una irregularidad administrativa.
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Sumarios Administrativos: Se precisó que gran parte de los sumarios vigentes (45 de ellos) fueron instruidos directamente por la Contraloría debido a funcionarios que salieron del país estando con licencia médica. Otros procesos responden a denuncias por la Ley Karin, reclamos de usuarios o denuncias ante la SEREMI de Salud.
«Buen uso de recursos públicos»
Desde la Municipalidad de Panguipulli lamentaron que un grupo minoritario utilice a sus colegas y usuarios para generar una «sensación de crisis y caos». Sostuvieron que, aunque algunas medidas puedan resultar impopulares, son necesarias para garantizar el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la legalidad vigente.
«Todas estas medidas, ajustadas a derecho, constituyen un deber de la administración y no constituyen en ningún caso persecución, hostigamiento ni presiones indebidas», concluye el comunicado emitido hoy 22 de diciembre de 2025.
