Desde el pasado sábado 1 de febrero, los habitantes de sectores rurales de la comuna de San José de la Mariquina enfrentan una grave crisis hídrica tras la ruptura de las cañerías que abastecen de agua a diversas viviendas. La situación se agravó cuando, al intentar desviar el agua, comenzaron a infiltrarse arena y barro en las tuberías, lo que llevó a las autoridades a cortar el suministro.
Falta de medidas adecuadas
Afectados por esta situación, los vecinos de Linguento Alto, Linguento y Cudico, fueron asistidos temporalmente mediante la entrega de agua en bidones. Sin embargo, muchos de ellos lamentan que no tuvieron la oportunidad de reunir agua suficiente antes del corte, enfrentándose desde entonces a un constante racionamiento.
«Estuvimos así hasta el domingo 9. Íbamos a buscar agua en botellas a un estanque provisorio que nos consiguió un concejal de la comuna de Mariquina. Esta era solo para el baño y lavarse», comentan los residentes. Para el consumo humano, la municipalidad organizó el abastecimiento a través de un estanque, permitiendo que, al menos durante el fin de semana, las familias pudieran acceder al agua potable.
Soluciones temporales
El problema no solo se limitó a la falta de agua para beber, sino que muchos vecinos informaron que, ante la escasez, algunos optaron por comprar agua para cocinar y beber, un gasto inesperado y significativo para muchas familias. El día domingo, la Asociación de Agua Potable Rural (APR) intentó, con sus propios recursos, detener la crisis instalando una bomba provisoria. Esta medida permitió que se abastecieran de agua tres veces al día: por la mañana, al medio día y por la noche.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el agua que salía de la bomba presentaba problemas de calidad. «El agua podía salir clara, pero en ocasiones se veía de un tono café. Esto es preocupante», señalaron los vecinos, quienes han comenzado a realizar protestas en demanda de soluciones efectivas.
Protestas y falta de respuesta
Los miembros de la APR de Linguento han hecho todo lo posible para resolver la situación, pero se sienten limitados debido a la falta de apoyo financiero de las autoridades. «La Contraloría no ha querido autorizar el dinero necesario para solucionar el problema. Nos dicen que hay otras prioridades, pero ¿qué puede ser más prioritario que el agua?», se preguntan indignados los afectados.
Un vecino expresó su frustración: «Las autoridades nos dijeron que tienen 150 días para solucionar el problema. Son cinco meses, imagínese hasta junio. Si no lo hacen, el director de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) indicó que podría ser en el segundo semestre. ¿Qué vamos a hacer durante todo ese tiempo sin agua?»
Las manifestaciones han ganado fuerza, con los residentes exigiendo respuestas rápidas y eficaces por parte de las autoridades locales y nacionales, quienes hasta ahora han calificado la situación como un proceso lento, dejando la crisis hídrica sin una solución definitiva.
Conclusión
La crisis de agua en la región de Los Ríos es una situación en aumento y que afecta la vida diaria de cientos de familias. La falta de un suministro adecuado y de soluciones rápidas ha llevado a la comunidad a un estado de emergencia, donde el acceso a un recurso vital como el agua se ha convertido en un desafío diario. Las voces de los afectados claman por atención y acción inmediata por parte de las autoridades competentes, quienes, hasta la fecha, parecen ignorar la urgencia de este problema.
En las últimas horas, el Consejero Regional Ariel Muñoz, golpeó la mesa y exigió al Gobierno Regional reaccionar con recursos ante estas y otras situación de emergencia. “Para mí es muy importante que esté disponible un monto de recursos con los que podamos apoyar a los vecinos y vecinas de la Región de Los Ríos cuando la situación así lo amerite, y hablemos puntualmente de los desastres naturales o algún tipo de situación catastrófica que ocurra”, expresó Muñoz.
La solicitud se enmarca en la creciente necesidad de abordar las problemáticas derivadas del cambio climático, incendios o problemas de agua potable (APR) y garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad.
