Por Karen Manzano Iturra, investigadora Instituto de Historia, Universidad San Sebastián
En estos días se cumplen 118 años de un documento clave en la relación chileno – boliviana, el Tratado de 1904. Tras la Guerra del Pacífico, se hizo necesaria una solución definitiva que garantizase lo que ya existía de hecho, como la ocupación de los espacios tras el conflicto.
Esto se trabajó entre ambas partes confirmándose en la firma del Tratado el 20 de octubre de 1904, en donde se acordó la entrega a perpetuidad de los territorios de la zona de la actual región de Antofagasta, a cambio de 300 mil libras esterlinas y la construcción del tren Arica – La Paz en condiciones ventajosas. Bolivia recibiría la sección en su territorio tras quince años de finalizadas las obras y también se favorecería con el libre tránsito de mercaderías hacia los puertos del Pacífico.
Sin embargo, aunque las disposiciones fueron claras, poco tiempo después de la firma Bolivia comenzó nuevamente a insistir con los territorios que ellos denominaban del Litoral, es decir, los que habían cedido de manera soberana a Chile en 1904, llevando su primer reclamo a la Sociedad de Naciones, que negó esta solicitud aludiendo a que se había firmado un tratado mediante las conversaciones y sin presiones.
Esta misma actitud de reclamación se hizo presente en varias ocasiones en el siglo XX y XXI, hasta el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 2018, donde una vez más se reconoció el Tratado de 1904 por sobre la visión revisionista del gobierno boliviano que exigía la salida al mar.
Por ello, siempre es importante recordar que el Tratado de 1904 se firmó entre ambas partes como una solución final que garantizase la paz, estableciendo ciertos intercambios: el territorio y el mar para Chile, el desarrollo tecnológico y económico para Bolivia.
