Lo anterior, pese a que la normativa permite una contratación adicional solo cuando se trata de funciones distintas. La investigación también detectó falta de control horario, trabajos particulares remunerados y pagos en exceso a funcionarios.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la contratación de funcionarios de Carabineros que se desempeñan como oficiales de justicia. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que 36 abogados mantenían simultáneamente dos contratos de 22 horas semanales cada uno para realizar las mismas funciones, situación que contraviene la normativa y jurisprudencia vigente.
La situación fue detectada tras una auditoría (INVE N° 540 de 2025) realizada a la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, que revisó durante 2024 el cumplimiento de las jornadas laborales de los oficiales de justicia y de aquellos funcionarios contratados adicionalmente por resolución para desempeñar funciones transitorias mediante la modalidad conocida como CPR.
La investigación constató que 144 abogados trabajaban como oficiales de justicia, labor por la que recibieron remuneraciones que en conjunto superaron los $5.540 millones durante 2024. De ellos, 36 tenían además un segundo contrato CPR por otras 22 horas semanales, por el cual percibieron en total más de $1.944 millones.
Sobre esto último, la Contraloría verificó que estos funcionarios desarrollaban las mismas tareas en ambos contratos, pese a que la normativa permite una contratación adicional solo cuando se trata de funciones distintas, lo que incluso está señalado en el dictamen de la CGR N°13.912, de 2017.
Sin control horario
Durante las inspecciones realizadas en terreno, la Contraloría también detectó que 23 de los 36 funcionarios revisados no contaban con registros de asistencia o sistemas de control horario, lo que impidió comprobar si efectivamente cumplían las jornadas laborales por las que estaban siendo remunerados.
Según la auditoría, esta situación dificulta garantizar un adecuado control de los recursos públicos y del cumplimiento de las obligaciones funcionarias.
Por ello, el servicio deberá ajustar las designaciones y prórrogas de los funcionarios CPR que además sean oficiales de justicia, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 150, esto es, que las labores que realicen en su calidad de contratados no sean las que deben cumplir en su jornada como oficiales de justicia. En caso de que la jornada de 22 horas fijadas en la Orden General N°783, de 1991, no sea suficiente, corresponde que el General Director de Carabineros de Chile actualice este documento con el número de horas necesarias para atender las necesidades del servicio, sin perjuicio de la obligación de dichos oficiales de extender la jornada ordinaria por el tiempo que sea necesario para cumplir sus funciones.
Actividades particulares remuneradas
La investigación también reveló que 5 de los 36 funcionarios que mantenían ambos contratos emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones durante 2024.
Además, de los 144 oficiales de justicia existentes en la institución, 23 emitieron boletas de honorarios por más de $434 millones en total, realizando actividades remuneradas ajenas a Carabineros.
Si bien contar con trabajos adicionales no constituye necesariamente una infracción, la falta de registros de asistencia impide determinar con certeza si esas actividades fueron desarrolladas fuera del horario que debían cumplir como funcionarios públicos.
Por ello, Carabineros deberá implementar medidas de control que permitan verificar que cualquier actividad remunerada adicional se realice fuera de la jornada laboral institucional.
Pagos en exceso
En el informe también se señala que durante 2024 se realizaron pagos en exceso a dos funcionarios, por montos de $9.048.041 y $881.527, respectivamente.
Debido a ello, el organismo fiscalizador presentará las acciones correspondientes ante el Juzgado de Cuentas para obtener la restitución de esos recursos mediante un reparo.
Asimismo, Carabineros deberá informar a la Contraloría los resultados de la investigación disciplinaria que inició para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
