Luego del megaoperativo liderado por la PDI y el Ministerio Público en el marco de la «Operación Nereida» —que culminó con la formalización de más de 50 personas por la comercialización ilícita de recursos marinos—, las directivas de los sindicatos de la Feria Fluvial de Valdivia emitieron un pronunciamiento público para aclarar la situación de los trabajadores locales que resultaron involucrados.
El caso, que mantiene la atención pública en la Región de Los Ríos, incluyó la detención de funcionarios públicos y de seguridad, así como de algunos comerciantes del emblemático recinto valdiviano, quienes habrían adquirido los productos hidrobiológicos bajo sospecha.
«Comprábamos con factura»
María Eugenia Soto, presidenta del Sindicato Independiente Nro. 2 de Pescados y Mariscos, manifestó el apoyo del gremio a los locatarios afectados, argumentando la buena fe en las transacciones comerciales diarias.
“Nosotros estamos apoyando a nuestros locatarios, porque estábamos seguros de lo que nos estaban vendiendo con factura. No teníamos cómo saber si era verdad o mentira; todos comprábamos igual porque llegaban acá ofreciendo el producto”, explicó la dirigenta.
Soto también enfatizó el impacto que genera la participación de figuras de confianza en la red investigada: “Hoy está en tela de juicio hasta un reportero de la Municipalidad, ¿qué desconfianza podíamos tener nosotros en comprar esos productos?”. Asimismo, hizo un llamado a resguardar la historia del espacio comercial: “Esperamos que termine pronto la investigación para el bien de todos nuestros asociados y recalcamos la presunción de inocencia (…). Nunca jamás había ocurrido esto en nuestra feria, hay gente que lleva 50 años trabajando acá y fueron detenidos en consecuencia de que jamás habían pasado por algo así”.
Llamado a la celeridad judicial
Por su parte, Claudia Órdenes, presidenta del Sindicato Nro. 1 del Sector de Frutas y Verduras, se sumó al llamado de prudencia y solicitó que el proceso judicial avance con rapidez para no estigmatizar el sustento de las familias de la feria.
“Para nosotros es importante aclarar este tema, porque no estamos culpando a nadie, y para eso es preciso que la investigación avance de manera rápida. Estamos dando nuestro apoyo a los colegas, porque si bien fueron detenidos, eso no implica que sean culpables. Creemos en la presunción de inocencia y que no se puede culpar a nadie mientras la investigación no termine”, sentenció Órdenes.
Cabe recordar que esta investigación penal comenzó en 2024 y, según los antecedentes del Ministerio Público, desarticuló una organización compuesta por tres estructuras que operaban entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, abasteciendo de recursos marinos a diversos centros de distribución del país. El Tribunal de Garantía fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.
