La sustracción de casi 600 kilómetros de líneas eléctricas afectó a hogares, escuelas, postas rurales y servicios críticos. El gremio de las distribuidoras llama a detener este delito que pone en riesgo vidas y compromete la continuidad y seguridad del suministro eléctrico en todo el país.
El robo de cables eléctricos se consolidó en 2024 como una de las principales amenazas para la continuidad del suministro eléctrico para los hogares chilenos. De acuerdo con datos de Empresas Eléctricas AG., durante el año pasado se registraron casi 1.200 casos de robo de conductores eléctricos a nivel nacional, los que provocaron interrupciones de suministro a más de 541 mil clientes en todo el país.
La magnitud de este delito ha escalado a niveles preocupantes: durante 2024 se sustrajeron cerca de 590 kilómetros de líneas eléctricas, equivalente a la distancia entre la Región Metropolitana y la Región de La Araucanía, lo que mantiene los altos indicadores observados en 2023.
“Estamos frente a un fenómeno criminal de alto impacto que afecta hogares, postas rurales, escuelas, sistemas de agua potable y otros servicios críticos, vulnerando el acceso de las personas a un servicio esencial, y que además pone en riesgo la vida de trabajadores, vecinos y de quienes cometen estos delitos”, señaló Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG.
Así las cosas, de acuerdo a las estadísticas del gremio, en los últimos 4 años han ocurrido más de 5.800 casos de robos de cable, los que han significado la sustracción de casi 1.900 kilómetros de conductores eléctricos.
Durante 2024, las empresas distribuidoras agrupadas en el gremio interpusieron 546 querellas y denuncias, reforzando su compromiso con la persecución penal de estos delitos. No obstante, el gremio insiste en la necesidad urgente de avanzar en políticas públicas y medidas legislativas que mejoren la persecución de este delito y enfrenten este problema desde su origen: el comercio informal e ilegal de cobre robado.
“El Congreso discute hoy proyectos clave para enfrentar este delito. Hacemos un llamado urgente a que estas iniciativas avancen con celeridad. Es fundamental contar con herramientas más eficaces para sancionar y prevenir este tipo de delitos, que amenazan la seguridad de las personas y la operación de una infraestructura crítica para el país”, agregó Meriches.
Desde el gremio hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar con la denuncia de estas malas prácticas y a las autoridades a reforzar las medidas de control, fiscalización y sanción. “Proteger la continuidad y seguridad del suministro eléctrico para los hogares es una tarea compartida. Requiere de coordinación pública-privada, compromiso sostenido y decisiones firmes que desincentivan este tipo de delitos que atentan contra el bienestar colectivo”, concluyó el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG.
