En el proyecto Villa Cumbres 2 de Panguipulli, las familias que esperan con ilusión sus viviendas sociales se encuentran sumidas en la desesperanza y el desconcierto ante un escándalo recién descubierto que ha sacudido el proyecto inmobiliario social. Desde la aprobación de $2.166 millones de pesos por parte de la SUBDERE para la adquisición de terrenos hasta la posterior demanda por demarcación y cerramiento, el panorama para los futuros residentes ha dado un giro inesperado.
El 9 de noviembre de 2023, la Ministra del Interior Carolina Tohá y el Alcalde Pedro Burgos anunciaban con optimismo la inversión millonaria destinada al proyecto Habitacional Cumbres 2. Sin embargo, las aparentes buenas noticias se vieron empañadas por la revelación de que la Municipalidad de Panguipulli ya había recibido dichos fondos el 8 de septiembre, adelantándose a la mencionada aprobación. Este hecho generó claras dudas sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos para el proyecto.
La situación se complicó aún más el 1 de febrero del 2024, cuando el Abogado Jorge Fritz, en representación de Esteban Lagos, presentó una demanda en contra de la Municipalidad y su Alcalde Pedro Burgos Vásquez por una presunta superposición de planos y adquisición de terrenos a la Constructora Santa María. La demanda, etiquetada como ROL C-47-2024 –DEMARCACIÓN Y CERRAMIENTO, busca establecer los límites de la propiedad de Lagos y el cierre adecuado de la misma, planteando un conflicto legal que amenaza con paralizar el avance del proyecto.
En el extracto principal de la demanda, el Abogado Fritz solicita la demarcación y cerramiento de los deslindes en disputa, así como la contribución económica de la Municipalidad en este proceso. Se destaca la complejidad de la situación debido que el municipio local habría adquirido terrenos que no serían en su totalidad de la Constructora Santa María. Además de discrepancias anteriores entre propietarios y la falta de un cierre legal de la propiedad que ha afectado a Lagos en la delimitación de su terreno.
- 1°- Que se practique la demarcación en terreno del deslinde ESTE y NORTE del inmueble de mi representado don ESTEBAN GAMALIEN LAGOS REYES, en aquella parte que colinda con el inmueble ocupado por la demandada (Municipalidad de Panguipulli), de conformidad al título inscrito a nombre del demandante a Fojas 866 vuelta, Número 846, del año Página 5 2011, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli.
- 2°- Que se practique el cerramiento de los deslindes señalados en el Numeral 1° precedente.
- 3°- Que la parte demandada debe concurrir al 50% del costo del cerramiento, en mano de obra y materiales.-
- 4°- Que deberá procederse a la demarcación y cerramiento, con auxilio de la fuerza pública, en caso de oposición.
- 5°- Que la demandada debe pagar las costas de la causa.-
- Relatando además que:“Desde la adquisición del dominio por mi representada, ha tenido problemas para proceder al cierre de la propiedad, precisamente en su deslinde ESTE y NORTE, hoy deslinde común con la demandada (Municipalidad de Panguipulli), dado que su anterior propietario don Marcelo Zúñiga López impidió que se levanten cercos divisorios entre ambos predios, e incluso intentó correr las estacas antiguas del predio de mi mandante sin autorización de éste. El origen del problema se habría suscitado producto de subdivisiones y fusión del predio colindante, en las cuales se habría superpuesto parte de los planos de dicho predio sobre el inmueble del actor. Luego se transfirió el dominio del inmueble colindante a la I. Municipalidad de Panguipulli sin entregar el inmueble cerrado y cercado. Como consecuencia de lo anterior no existe un cerramiento, en los deslindes comunes antes individualizados”.
A pesar de los esfuerzos por llegar a una conciliación, la audiencia del 4 de abril del 2024 resultó en un fracaso, dejando en evidencia la tensión y la falta de acuerdo entre las partes involucradas. Esta situación de incertidumbre y disputa legal ha sumido a las familias de Villa Cumbres 2 en un estado de desánimo y desconfianza, poniendo en peligro su anhelado sueño de acceder a una vivienda propia.
El futuro de este proyecto inmobiliario social queda ahora en manos de la justicia y en la capacidad de las autoridades y los involucrados para resolver los conflictos pendientes y restaurar la confianza de las familias afectadas, donde lógicamente deja en duda una serie de preguntas como por ejemplo: ¿cómo los profesionales públicos no lograron ver todos los detalles legales para comprar? ¿Porqué se realizó una compra tan acelerada en la que incluso la encargada de vivienda, secplan y abogada municipal llegaron a un concejo municipal donde junto al equipo de Santa María y por medio de disertaciones en data convencieron a los concejales a aprobar dichos recursos porque estaba todo en orden, mientras todas las familias esperaban afuera?, ¿Porqué ningún concejal ha entregado a la opinión pública esta información o inició un proceso legal cumpliendo con su rol por ley de fiscalizar los recursos públicos?, ¿Por qué los concejales aprobaron un millonario proyecto habitacional sin investigar a fondo?, ¿qué pasará con los $2.166 millones de pesos?. Por ahora las dudas seguirán mientras esta situación podría transformarse en uno de los peores escándalos en transacciones de recursos públicos y de pérdida completa de credibilidad para un Alcalde en ejercicio en el sur de Chile.
Esta noticia seguirá en desarrollo y profundizaremos paso a paso los avances de este proceso legal para la tranquilidad especialmente de los afectados y afectadas de las 250 viviendas que sueñan con su casa propia.
