Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Los Lagos, emitió la sentencia en contra de un sujeto que atacó con un fusil a tres Carabineros, que daban protección a un predio de Máfil donde se había registrado un atentado incendiario.
La ONG Campo Seguro nuevamente instó al Gobierno a darle suma urgencia legislativa a la tramitación de la Ley Antiterrorista. La organización reiteró su llamado, tras conocerse la sentencia emanada del Tribunal Oral en Los Penal de Los Lagos, en contra del autor de un ataque con un fusil a Carabineros de servicio, registrado en el sector de Mulpún en la comuna de Máfil, en diciembre de 2021 en el marco de usurpaciones de predios agropecuarios.
Francisco Muñoz Le Breton, gerente de la organización que recoge la posición de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (Saval F.G.), de la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval), de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago A.G.), de la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche) y de la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue), sostuvo que «la pena de siete años por homicidio tentado en contra de Carabineros y tres años por porte ilegal de arma de fuego para el responsable, son una señal de justicia hacia y la institución, y a la vez una acción judicial para que este tipo de personas no sigan libres cometiendo este tipo de hechos».
En esa línea -y conocido el contexto y el fin de estos grupos violentos- agregó que «se demuestra la necesidad de darle suma urgencia a la tramitación legislativa de la Ley Antiterrorista, para que estos actos violentos, que alcanzan a más de mil quinientos en estos últimos cuatro años no se sigan repitiendo en la Macro Zona Sur».
El gerente de Campo Seguro detalló que en el sector de Mulpún se han perpetrado, además de este grave delito, ocupaciones ilegales de predios productivos, ataques incendiarios, un descarrilamiento ferroviario y amenazas contra agricultores que residen en esa zona.
«El ataque con armamento de alto calibre contra estos tres funcionarios ocurrió cuando los Carabineros estaban cumpliendo una orden de protección emanada del Ministerio Público, para resguardar un predio donde se había registrado un ataque incendiario», recordó Muñoz.
Desde la ONG indicaron que las acciones de violencia se han realizado con el fin de «apropiarse de terrenos, que no tienen ningún antecedente que ampare su proceso de reivindicación, y que serían reclamados por grupos provenientes de la Comuna de Lastarria, en la Región de La Araucanía».
En este aspecto, Muñoz sostuvo que «nos parece que el Gobierno debe dar una señal clara y darle suma urgencia a la actualización de la Ley Antiterrorista, en particular en el actuar de un grupo de dos o más personas para cometer este tipo de ilícitos con el ánimo de causar temor en las víctimas, mejorar las técnicas de investigación y persecución penal, y la necesidad de calificación de delitos tipo que permitan encasillar estas acciones como actos terroristas».
