Durante este miércoles 18 de octubre se desarrolló el control de detención de la imputada de iniciales M.P.L.P., de 64 años, de profesión contadora auditora de la comuna de Lanco, detenida ayer por la PDI en su domicilio laboral, tras una orden de captura por una investigación en su contra por delitos tributarios.
En tanto el representante legal de la Constructora e Inmobiliaria Santa María LTDA, identificado con las iniciales M.F.Z.L., permanece para el Ministerio Público, como “inubicable”.
Ambos son investigados por su participación en calidad de coautores y autores de delitos tributarios cometidos entre los años 2017 y 2021 en Panguipulli.
Durante el proceso en el Tribunal de Panguipulli, el fiscal subrogante Eduardo Díaz comunicó a la imputada que la Fiscalía la investiga por presentar 1.019 facturas ideológicamente falsas de dos empresas con las que trabajaba, mediante las cuales logró apropiarse de los dineros.
Entre los delitos investigados está la presentación de declaraciones de impuestos falsas, documentos tributarios falsos y maniobras para solicitar la devolución de impuestos en casos que no corresponde legalmente.
Díaz argumentó que los delitos cometidos fueron: “Mediante la presentación de 1.019 facturas ideológicamente falsas, provocando un perjuicio fiscal ascendente a la suma total de $1.764.876.768” mientras ejercía como contadora de dos empresas de la comuna de Panguipulli.
A pesar de los esfuerzos de los abogados de Daniel Castro y Andrés Olave Echenique por evitar la prisión preventiva con posterior traslado a la cárcel de la contadora asegurando que están negociando con el Servicio de Impuestos Internos, ofreciendo montos que superan los 70 millones de pesos y 6 propiedades de 5, 19, 21 hectáreas en Los Tallos, Panguilelfún, entre otros, para entregar incluso como fianza. Sin embargo el Juez y el Ministerio Público consideraron que si se le asigna reclusión domiciliaria a la imputada, podría tener contacto con M.F.Z.L., de la Constructora e inmobiliaria Santa María LTDA y realizar maniobras que perjudiquen la investigación, incluso el temor de fugarse.
La Fiscalía tendrá un plazo de 60 días para desarrollar la investigación de estos hechos.
