- La Superintendencia de Educación revocó el reconocimiento oficial del establecimiento e inhabilitó a perpetuidad al sostenedor, luego de reiteradas sanciones por irregularidades en la no acreditación de más de $300 millones de subvenciones escolares.
Tras seis sanciones por irregularidades en la rendición de gastos de las subvenciones escolares de los últimos años, la Superintendencia de Educación resolvió revocar el reconocimiento oficial de la escuela particular subvencionada Herminda Jaramillo Quintana, ubicada en el sector de Rucaco, comuna de Mariquina; e inhabilitar a perpetuidad para obtener y mantener la calidad de sostenedor al representante legal y administrador del establecimiento, José Álvarez Jaramillo.
El sostenedor fue sancionado por primera vez respecto a fondos de 2014, tras no acreditar el destino de $56.000.397 correspondientes a subvención escolar. El monto de dinero no acreditado se fue incrementando anualmente y recibió otras cinco sanciones correspondientes a retención de distintos porcentajes de las subvenciones, hasta llegar a los $322.390.697 no acreditados en 2020. Por esta última irregularidad y tras las seis sanciones anteriores, la Superintendencia de Educación resolvió revocar el reconocimiento oficial del establecimiento e inhabilitar al sostenedor.
Tras conocer el resultado del último proceso sancionatorio, la Seremi de Educación de Los Ríos activó un plan de acompañamiento, que busca garantizar el derecho a la educación de los 70 niñas, niños y adolescentes que componen la matrícula del establecimiento. Además, desde la misma Seremi se articuló el asesoramiento de la Dirección del Trabajo para profesores y asistentes de la educación, que se verían afectados por la revocación del reconocimiento oficial del colegio.
“El cierre de un colegio siempre es una mala noticia. Pero, lamentablemente y a pesar de los reiterados avisos en las sanciones anteriores, el sostenedor nunca regularizó la justificación del gasto de la subvención escolar, que son recursos que el Estado destina a las y los estudiantes” explicó el seremi Juan Pablo Gerter.
La autoridad regional de educación añadió que “comprendemos el dolor que las irregularidades del sostenedor generan en el resto de la comunidad educativa, y por eso nuestro compromiso es apoyar a las familias, para que las y los estudiantes puedan contar con un establecimiento educacional para el año escolar 2023”.
Acciones de acompañamiento
Como primera medida luego del cierre de la investigación, la Seremi de Educación invitó a una reunión con las familias, en la que también participaron trabajadores del establecimiento y el propio sostenedor. En dicha reunión, la Superintendencia explicó los principales alcances de su indagatoria administrativa, y la Dirección del Trabajo inició el asesoramiento a profesores y asistentes de la educación.
El pasado viernes 16 de diciembre se realizó una segunda reunión con las y los apoderados, la que contó además con la participación de profesionales del Sistema de Admisión Escolar de la Seremi de Educación, y del Departamento Provincial de Educación (Deprov) de Valdivia, con el objetivo de encontrar soluciones a la matrícula de las y los estudiantes que se puedan ver afectados por el cierre del establecimiento.
Asimismo, el jefe de la Deprov Valdivia, Enrique Barrios, explicó que “en este encuentro, recogimos los principales datos de las familias que necesitarán matricular a las niñas, niños y adolescentes en nuevos establecimientos educacionales para el 2023 y propusimos mecanismos directos de comunicación con nuestros equipos. Nuestro compromiso es ir acompañando de manera individual a las familias, para ayudarles a enfrentar un escenario complejo ante las irregularidades sancionadas en contra del sostenedor”.
El procedimiento administrativo de la Superintendencia de Educación que culminó con la sanción de la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento y la inhabilidad perpetua del sostenedor para detentar dicha calidad, ya se encuentra terminado y ejecutoriado. Ahora, el sostenedor puede recurrir ante la justicia, que deberá determinar si el proceso se ajustó a derecho.
